ANTE ESO SURGE GRUPO EN DEFENSA DE LOS BOXEADORES
Por CARLOS ROSALES/
Mánager Profesional
EL GRUPO EN DEFENSA DE LOS BOXEADORES Y LA FAMILIA BOXÍSTICA surgió por la gran necesidad de regresarle al boxeador y a todos los que giran a su alrededor las garantías elementales marcadas en la ley.
Actualmente la Comisión de Box del Distrito Federal está totalmente abandonada por el gobierno capitalino y el reglamento interior oficial publicado en la época de los regentes, ya no funciona, ya no se respeta menos se aplica.
Es tal el grado de descomposición de la actual Comisión de Box que tiene años trabajando sin reglamento técnico, o sea se aplica el criterio siempre para cuidar intereses muy particulares, para colmo los comisionados son impuestos al vapor y sin nombramientos oficiales, como lo marca el actual reglamento interior. En el área del servicio médico se trabaja con tecnología obsoleta del siglo pasado y sin recursos básicos para emergencias.
La corrupción, anarquía y falta de legalidad en el área administrativa han orillado a casi la totalidad de boxeadores, managers y entrenadores que vive y desarrolla actividades boxísticas en el Distrito Federal a trabajar con documentación foráneos.
Según el gobierno la Comisión de Box capitalina es autónoma, está ahí pero ninguna dependencia del gobierno la reconoce o acepta bajo su responsabilidad, la contraloría no la ubica y por estas razones los comisionados son totalmente inmunes a la ley de transparencia y rendición de cuentas. Lo más grave es que hay vidas humanas en juego y nadie parece interesarle.
No se necesita ser experto boxístico para saber que el boxeo capitalino está sumido en la peor crisis de su historia, rompiendo todos los récords en tragedias y estafas a los boxeadores, managers, entrenadores, oficiales, doctores, prensa, además de fraudes a patrocinadores y al público aficionado.
Esto nos lleva a la siguiente reflexión, para el gobierno capitalino sería muy fácil someter a la ley y al orden a la actual comisión que lo representa en materia boxística, nadie en su sano juicio se atrevería a cuestionarlo ante el cúmulo de irregularidades y pruebas denunciadas, si el gobierno del Distrito Federal no actúa sólo dejará dudas de cómo actúa ante problemas de mayor calado.
